Alquiler social tutelado
para familias
en desamparo.
La conciencia social generada por los
recientes sucesos trágicos que han tenido su origen en el desahucio del hogar
familiar, por impagos del préstamo hipotecario o por la extensión de su
responsabilidad a garantes del mismo, generalmente progenitores de los
jóvenes deudores, ha originado el acuerdo inmediato entre el Gobierno y el
principal Partido de la
Oposición para sentarse a estudiar soluciones de
carácter perentorio, con la finalidad de paliar los efectos adversos
que la incapacidad del pago de sus viviendas está generando en muchas
familias afectadas por el desempleo prolongado del cabeza de familia o de
algunos de sus miembros.
Una iniciativa que, aún con discrepancias, ha
precedido al acuerdo adoptado en Consejo de Ministros que ha aprobado un Real
Decreto que regula la moratoria por dos años de los procedimientos de
desahucios de la vivienda habitual de familias afectadas, en las que se cumplan
determinados requisitos sociales y económicos, y la creación de un parque de
viviendas en alquiler de bajo coste para familias desahuciadas.
En este contexto no podemos olvidar el
anuncio previo realizado por la
Asociación de la
Banca y de la Confederación Española
de Cajas de Ahorros, comprometiéndose con igual moratoria para los
casos de extrema necesidad, alegando razones de Responsabilidad
Social Corporativa.
Afortunadamente hay que reconocer que estas decisiones
ya están representando un signo de esperanza para muchas familias que estaban
abocadas al desahucio, porque no era, ni es justo, que en una situación como la
presente, con casi 6 millones de desempleados en el país, resulte tan
gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer
de una vivienda digna.
No obstante, también es urgente encontrar
soluciones a otras muchas familias necesitadas por su escasez de recursos -no
contempladas en el Real Decreto antes comentado- para disponer de una vivienda
en régimen de alquiler cuya cuantía venga proporcionada al nivel de sus
ingresos reales. Es decir, cuyo coste esté en relación con sus verdaderos
ingresos, tal como se ha venido asignando las plazas en los Centros/Residencias
de Mayores Públicos, que se sufragan con un mismo porcentaje sobre el importe
de sus pensiones, con lo que se consigue una distribución del coste más
equitativo y asumible por todos los niveles de renta.
La inyección de dinero público que está
representando la nueva regulación del Sistema Financiero, con la creación del
mal llamado "Banco Malo" y el práctico rescate de algunas
entidades financieras, debe otorgar al Gobierno de la Nación una autoridad moral
añadida, y a los Bancos y Cajas de Ahorros una corresponsabilidad
social, para llegar a un acuerdo en el que se ponga a disposición de la
tutela del Gobierno Central y, por su delegación, en los Autonómicos, una parte
del stock de viviendas vacías -cuyo valor unitario sea inferior a los
100.000,00 euros establecidos como mínimo para la cesión de activos al Banco
Malo- para que sea gestionada públicamente en un régimen de alquiler social por
un tiempo máximo de dos años.
No cabe duda que la gestión de este parque de
viviendas tendrá que ser realizado con estrictos criterios de adjudicación, con
rigurosos compromisos de mantenimiento en buen uso y conservación y con un alto
nivel de exigencia-desocupación para los casos de incumplimientos flagrantes,
sin que ello tenga que suponer asunción de costes para la Administración
Pública más allá de la infraestructura puesta a disposición
de esta gestión, siendo la entidad financiera titular del inmueble la
receptora, a través del Organismo competente, del total importe de los
alquileres que se perciban.
De igual forma, las diferentes
Administraciones deberían tomar similar iniciativa para ofrecer con estos
mismos criterios las viviendas disponibles -por falta de adjudicación- de sus
Empresas Públicas de la
Vivienda.
Con medidas de esta naturaleza estaremos más
cerca de hacer realidad un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española
que literalmente dice: Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación.



Muy interesantes ideas. Y todo lo que no sea caminar en este sentido es que es anti-constitucional.
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