lunes, 16 de junio de 2014

Ideas para la reflexión sobre el problema de familias sin vivienda


 
Alquiler social tutelado
para familias en desamparo.

 
La conciencia social generada por los recientes sucesos trágicos que han tenido su origen en el desahucio del hogar familiar, por impagos del préstamo hipotecario o por la extensión de su responsabilidad a garantes del mismo, generalmente progenitores de los jóvenes deudores, ha originado el acuerdo inmediato entre el Gobierno y el principal Partido de la Oposición para sentarse a estudiar soluciones de carácter perentorio, con la finalidad de paliar los efectos adversos que la incapacidad del pago de sus viviendas está generando en muchas familias afectadas por el desempleo prolongado del cabeza de familia o de algunos de sus miembros.
Una iniciativa que, aún con discrepancias, ha precedido al acuerdo adoptado en Consejo de Ministros que ha aprobado un Real Decreto que regula la moratoria por dos años de los procedimientos de desahucios de la vivienda habitual de familias afectadas, en las que se cumplan determinados requisitos sociales y económicos, y la creación de un parque de viviendas en alquiler de bajo coste para familias desahuciadas.

En este contexto no podemos olvidar el anuncio previo realizado por la Asociación de la Banca y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, comprometiéndose con igual moratoria para los casos de extrema necesidad,  alegando razones de Responsabilidad Social Corporativa.

 
Afortunadamente hay que reconocer que estas decisiones ya están representando un signo de esperanza para muchas familias que estaban abocadas al desahucio, porque no era, ni es justo, que en una situación como la presente, con casi 6 millones de desempleados en el país, resulte tan gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer de una vivienda digna. 

No obstante, también es urgente encontrar soluciones a otras muchas familias necesitadas por su escasez de recursos -no contempladas en el Real Decreto antes comentado- para disponer de una vivienda en régimen de alquiler cuya cuantía venga proporcionada al nivel de sus ingresos reales. Es decir, cuyo coste esté en relación con sus verdaderos ingresos, tal como se ha venido asignando las plazas en los Centros/Residencias de Mayores Públicos, que se sufragan con un mismo porcentaje sobre el importe de sus pensiones, con lo que se consigue una distribución del coste más equitativo y asumible por todos los niveles de renta.

La inyección de dinero público que está representando la nueva regulación del Sistema Financiero, con la creación del mal llamado "Banco Malo" y el práctico rescate de algunas entidades financieras, debe otorgar al Gobierno de la Nación una autoridad moral añadida, y a los Bancos y Cajas de Ahorros una corresponsabilidad social, para llegar a un acuerdo en el que se ponga a disposición de la tutela del Gobierno Central y, por su delegación, en los Autonómicos, una parte del stock de viviendas vacías -cuyo valor unitario sea inferior a los 100.000,00 euros establecidos como mínimo para la cesión de activos al Banco Malo- para que sea gestionada públicamente en un régimen de alquiler social por un tiempo máximo de dos años.

No cabe duda que la gestión de este parque de viviendas tendrá que ser realizado con estrictos criterios de adjudicación, con rigurosos compromisos de mantenimiento en buen uso y conservación y con un alto nivel de exigencia-desocupación para los casos de incumplimientos flagrantes, sin que ello tenga que suponer asunción de costes para la Administración Pública más allá de la infraestructura puesta a disposición de esta gestión, siendo la entidad financiera titular del inmueble la receptora, a través del Organismo competente, del total importe de los alquileres que se perciban.

 
De igual forma, las diferentes Administraciones deberían tomar similar iniciativa para ofrecer con estos mismos criterios las viviendas disponibles -por falta de adjudicación- de sus Empresas Públicas de la Vivienda.

Con medidas de esta naturaleza estaremos más cerca de hacer realidad un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española que literalmente dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

 
Francisco Pérez Rodríguez

 

 

 

 

1 comentario:

  1. Muy interesantes ideas. Y todo lo que no sea caminar en este sentido es que es anti-constitucional.

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